Algunos datos relevantes nos pueden exponer la gravedad del problema de inseguridad ciudadana, su relevancia y la necesidad de resolver en democracia, con eficiencia y transparencia la inseguridad ciudadana a todo nivel, que si bien se concentra en Lima, casi el 50 % el número de los delitos registrados y denunciados ante la Policía Nacional y el Serenazgo, es una realidad que tiende a su agravación en las principales ciudades del país, sea Arequipa, Cuzco, Trujillo, Chiclayo, Piura.
A nivel económico el costo de la inseguridad según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido cuantificado en el 2016 alcanzando la astronómica cifra de US $ 10,325 millones de dólares lo que resulta en un equivalente del 2,77 % del PBI, monto que en términos relativos supera el presupuesto destinado a la educación.
Si bien este costo incluye los gastos que tiene que asumir el Estado a través de la Policía Nacional, y el mantenimiento de las prisiones donde la tugurización en estas “universidades del delito”, demuestra la gravedad que tiene esta problemática.
Empresas de seguridad
La seguridad integral como la educación y la salud es un bien público, y básicamente una responsabilidad del Estado, que no puede ser delegada a privados. Pero es tal la debilidad y la ineficiencia del Estado peruano, al margen de la corrupción que subyace en las fuerzas policiales, que la solución del mercado explica el surgimiento de empresas especializadas en los diversos servicios de seguridad.
En tal sentido, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones, y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) al mes de febrero del presente año, existen registradas 2,869 empresas de seguridad con registros vigentes, estando concentradas 1,126 en Lima (39.2%), en La Libertad 169 (5.8%), Arequipa con 151 (5.2%), Piura participa con 142 (4.9%) etc. lo que evidencia que la seguridad se ha convertido en un negocio rentable ante la incapacidad del propio Estado de enfrentar y resolver la problemática de la inseguridad.
No solamente se trata de la existencia de 2,869 empresas privadas de las cuales 1,891 están destinadas a la vigilancia privada, 665 se dedican al servicio individual de seguridad personal, 99 están al servicio de protección de personal, y a prestar servicios de tecnología en seguridad, GPS, control de accesos, ingeniería etc.
Explosión delictiva
Es tan grave la inseguridad ciudadana que solamente las denuncias por los delitos registrados entre el 2012 al 2017 con la estadística especializada se ha incrementado de los 273 mil delitos a prácticamente los 400 mil en el 2017.
Siendo el más numeroso y recurrente los delitos contra el patrimonio que ha transitado de los 103 mil en el año 2002 para alcanzar los 265 mil en el 2017. En este delito contra el patrimonio las modalidades más recurrentes se relacionan con el hurto, el robo, la estafa, la apropiación ilícita, fraude etc.
Le sigue en importancia los delitos contra la seguridad pública que en el período mencionado se han incrementado de los 14,839 en el 2012 para llegar a sumar los 49,385 en el 2017, lo cual expone los mayores grados de violencia que tiene la sociedad peruana.
En el mismo sentido, los delitos contra la vida, el cuerpo, y la salud aumentan de manera significativa pasando de los 39 mil a sumar los 50,569 delitos registrados en el 2017, con tendencia a su agravación por la debilidad del Estado, la falta de eficiencia en la Policía Nacional, y la corrupción interna que la carcome.
En verdad, esta información expone la gravedad de la inseguridad ciudadana que deben enfrentar las nuevas autoridades elegidas de los gobiernos locales y regionales, que no solamente se trata de la falta de recursos económicos, y equipamiento, sino que se relaciona con los altos niveles de corrupción existente en las municipalidades, como una expresión de la corrupción generalizada.
Ello es particularmente grave en las regiones ricas gracias a la explotación de recursos naturales como Arequipa con el canon minero, el Cuzco que tiene los ingresos del canon gasífero y canon minero más los ingresos provenientes de la actividad turística, o los departamentos ricos del norte del país como Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, donde la riqueza atrae al delito, como “la miel a las moscas”.
Delito e inversiones
Los países con futuro resuelven en democracia y transparencia la lucha contra la inseguridad ciudadana, con la participación de la población de barrios, manzanas, centros poblados. De allí la necesidad de usar la tecnología moderna para una mejor vigilancia, y la prevención frente al delito.
Sin embargo, en la presente coyuntura la inseguridad ciudadana se ha convertido en el problema más angustiante de la población después de la corrupción. De allí la necesidad de medidas radicales para la lucha efectiva contra la delincuencia y el crimen organizado.
El propio Estado a través de Proinversión estima una proyección de inversiones del orden de los US $ 18,225 millones de dólares al 2021. Solamente el sector minero a través del departamento de promoción minera proyecta en más de US $ 56 mil millones de dólares la inversión en los nuevos proyectos mineros más las ampliaciones.
Podemos especular con los diversos montos de inversiones proyectadas, pero si no se resuelve el problema de la inseguridad ciudadana, en una lucha efectiva contra el delito y el crimen organizado, no solamente aumentará el costo económico sino que muchas de esas inversiones serán una quimera, pues una de las condiciones de los inversionistas nacionales y extranjeros se estima por la estabilidad política y la seguridad ciudadana.
Solamente un estado fallido es incapaz de ofrecer a sus ciudadanos la debida seguridad ciudadana que es una condición para un mayor bienestar, pues la riqueza atrae al delito, cuando existen graves desigualdades sociales y falta de oportunidades de empleo digno.
